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Así se legaliza la droga

F. PEREGIL / J. PRADES
Siempre que algún juez habla de legalizar la droga la respuesta, desde diversos
ámbitos, ha sido una pregunta: «¿Y usted cómo lo haría? Hace siete años unos
sesenta magistrados mantuvieron reuniones durante 14 meses para contestar a ésa
y otras preguntas. De aquellas jornadas salió un discurso con datos precisos
refrendado por todos los jueces y un libro titulado Una alternativa a la actual
política criminal sobre droga. Los jueces, los decanos de facultades de Derecho
y catedráticos de Penal, plantean, para empezar a dialogar, 20 modificaciones en la
ley del Medicamento, de 1990, que tiene 119 artículos.

El presupuesto que el Estado destina actualmente a luchar contra la droga (26.847
millones de pesetas sólo en el año pasado) estaría destinado a campañas de
prevención y educación para que los ciudadanos tomaran conciencia de que las
drogas no son per se buenas para

nadie, y que todas poseen efectos secundarios
nocivos para la salud. Si a pesar de ello un adulto decide tomar drogas o abusar de
ellas, está en su derecho y no tiene por qué adquirirlas en circuitos ilegales, a
precios desorbitados y poniendo en peligro su vida.

El hachís y sus derivados se vendería en locales autorizados, siguiendo el ejemplo
de Holanda, donde en ciertos bares el cliente encuentra una carta con la oferta de
la casa y sus precios. «Ahora mismo», señala José Antonio Alonso, portavoz de
Jueces para la Democracia, «usted compra en España una dosis de hachís y vaya a
saber lo que se fuma. Sin embargo, en Holanda se le indica el país de procedencia,
le informan de cómo ha sido tratado y hasta del principio activo que lleva, porque
sabrá usted que el hachís que se fuma no es hachís al 100%».

Las drogas duras -cocaína, heroína, alucinógenos y compuestos sintéticos-, se
expenderían en monodosis y sólo en farmacias, una receta por persona y día. La
venta estaría totalmente prohibida a los menores; el consumidor enganchado
podría acceder a su dosis y al seguimiento médico, sin estar obligado a someterse
a un tratamiento de desintoxicación. Los toxicómanos irrecuperables recibirían la
droga gratis en el hospital.

«Siempre que la administración pública se ha mostrado tolerante con la venta de
droga, se ha beneficiado el toxicómano y la sociedad», señala Alonso. En Bolonia,
en los años 80, el mercado, sin intervención de las autoridades, se atomizó mucho.
Había gran variedad de distribuidores. Entonces los consumidores tuvieron mejor
sustancia en calidad y precio. Ganó todo el mundo. En España también ganaríamos
todos.

-¿Y si un señor hiciese acopio de cientos de recetas con fines de lucro?

-Pues si eso se llega a producir, habría que renunciar a vender la droga en la
farmacia-, responde Alonso, y entonces el toxicómano tendría que acudir a un
centro de salud para ingerir allí la sustancia. Cualquiera de las dos opciones
dependería de los condicionantes del momento.

-¿A cuánto se vendería el cannabis, la cocaína y la heroína?.

-Los precios de los medicamentos varían mucho en función de muchos factores.
Nosotros hemos redactado el armazón legal que permitirá adaptar la ley a
cualquier tipo de circunstancias, incluso a la aparición de nuevas drogas. Pero
podemos decir que el precio del cannabis sería moderadamente desincentivador. Y
el de la droga dura llevaría un incremento del 50% destinado a programas de
ayuda contra la droga. Así, si una dosis de heroína costase 1.000 pesetas, habría
que pagar otras 500 para esa partida.

Alonso es consciente de que las mafias buscarían la manera de burlar la ley, por
muy permisiva que sea. Pero también recuerda que él y sus colegas han estudiado
muy bien los posibles delitos y las respuestas para ellos. «Hay penas de arresto
mayor y multas que nunca serían inferiores a 500.000 pesetas y que van del doble
al quíntuplo de la ganancia obtenida. Además, serían encarcelados durante unos
tres o cuatro años los que facilitasen drogas duras a los menores de 18 años. Y se
prevé la clausura de establecimientos por periodos que van de seis meses a cinco
años. Ahora bien, el toxicómano que se dedique al trapicheo y sólo delinca para
mantener su ritmo de consumo, sólo sería castigado con penas no graves, que le
permitan evitar la prisión».

El portavoz de Jueces de la Democracia asegura que la realidad se acerca poco a
poco hacia su postura. Se refiere a los programas experimentales de prescripción
de estupefacientes como los de Ginebra y Zurich (Suiza), Australia, Liverpool y
Amsterdam. La Junta de Andalucía ha diseñado también un proyecto de suministro
de heroína a 75 toxicómanos de Granada y 75 de Algeciras. Se les regalaría a
cada uno 400 miligramos de heroína durante un año. La Junta pretende comprobar
si disminuyen las enfermedades y los delitos asociados a la heroína.

«Mientras los estados no legalizan la droga, esos planes experimentales de
prescripción de droga, que proporcionan sustancia a quienes la necesitan, son la
única solución», señala Alonso.

El portavoz de Jueces para la Democracia asegura que la única forma de legalizar
en el mundo la droga, sería mediante la ONU. «Y para lograr un acuerdo
internacional habría que derogar los convenios de 1961, 1971 y 1988 referente a
la represión y consumo de estupefacientes. Y la capacidad para derogar el del 88,
la tienen los países más desarrollados que, de momento, no están por la labor.
Mientras esos doce o trece países no den el paso adelante no se conseguirá nada.
Pero el tiempo nos dará la razón».

La experiencia de Holanda

SONIA ROBLA

Holanda camina contracorriente desde 1976. Mañana comenzará en Amsterdam y Utrecht un
programa de reparto gratuito de heroína para unos 750 adictos considerados «casos perdidos»,
reclutados entre los que ya se benefician de los programas de distribución de metadona. El
proyecto, financiado por el Estado, que se ha limitado a informar de que ha adquirido la heroína en industrias farmacéuticas no identificadas, será extendido dentro de tres meses a Utrecht, Groninga, La Haya y Maastrticht, si sus resultados son satisfactorios. Allí se crearán centros de suministro e inyección de la droga como los que ya existen en las ciudades piloto. El objeto del plan es comprobar, al cabo de tres años, si con la heroína mejoran la salud y los problemas sociales que todavía se derivan de los programas de distribución de metadona.

Ocurre, en efecto, que, en contra de lo esperado, el reparto de metadona no ha
conducido a una reducción de los delitos cometidos por adictos (una tercera parte
de los delitos patrimoniales se atribuyen a toxicómanos).

Pero, por lo demás, los 22 años de tolerancia arrojan un balance optimista: el
consumo de drogas blandas es semejante al del resto de los vecinos europeos y el
de drogas duras se mantiene estable desde los años 80, a diferencia de lo que
ocurre en los países más próximos, Alemania y Bélgica. Sólo 1,6 de cada mil
holandeses son toxicómanos, nivel muy lejano al casi 6 por mil de Suiza o al 3 por
mil de España. La edad media de consumo se ha elevado a los 36 años y la
mortalidad por sobredosis es la más baja de Europa.

Holanda despenalizó en los años 70 el consumo de drogas blandas, aunque
oficialmente se mantuvo penada la fabricación, tráfico, y hasta la venta y tenencia
de más de 30 gramos de esas sustancia.

Poco o nada ha cambiado desde entonces. La ley holandesa establece una clara
distinción entre las drogas blandas -marihuana y hachís- y las duras, consideradas
de «riesgo inaceptables», entre las que se encuentran la cocaína, la heroína y el
éxtasis. El objetivo es mantener separados ambos mercados para evitar que los
consumidores de las blandas, en su mayoría jóvenes, tengan que acercarse a los
círculos ilegales de alta delincuencia. De ahí que se hayan tolerado, que no
legalizado, los conocidos coffe- shops, una especie de bares donde se puede
elegir, comprar y consumir todo tipo de marihuana y hachís.

No obstante, la proliferación de los coffe- shops y la falta de control
desembocaron en los últimos años en un aumento de la venta de drogas y en
graves molestias para el vecindario. El año pasado el Gobierno decidió reducir de
30 a 5 gramos la cantidad de estupefacientes que se puede comprar por persona,
y aumentó las penas para el cultivo de cáñamo con hasta 4 años de prisión.